Colaboración Universidad-Gobierno local

Con el creciente proceso de descentralización en curso, las regiones de Chile requieren con urgencia, contar con nuevas capacidades para identificar los problemas regionales -económicos, sociales, culturales, de seguridad, entre muchos otros, priorizarlos y responder a ellos en forma eficiente y efectiva, diseñando y ejecutando adecuadamente políticas públicas y evaluándolas para medir su impacto, es decir, políticas públicas a la luz de la evidencia. Estas capacidades, no están disponibles en la mayoría de las regiones, porque hasta ahora, gran parte de esta labor, estaba centralizada en el gobierno central. Pero ahora, el gran reto es comenzar a construirlas. Lo claro es que, si no se hace bien, la propia ciudadanía se va a desencantar del proceso, ya que, para esta, no solo es relevante elegir a sus representantes, sino que estos los escuchen y les resuelvan los problemas adecuadamente, de forma coherente y en plazos razonables. Pero como los recursos son aún más escasos para las regiones, la adecuada priorización será central en el proceso.

Una forma de resolverlo es apoyarse en las capacidades ya existentes en regiones, las cuales se han concentrado mayoritariamente en las universidades. Es conocido el gran impacto que tienen las universidades sobre los sistemas de innovación regional en cuanto a la generación de conocimiento, la formación de capital humano y la transmisión hacia el sector empresarial, pero poco se conoce del impacto que este tiene sobre el sector público, a través de mejoramiento en los servicios públicos, el diseño de políticas y la cooperación gobiernos universidades. Algunos estudios muestran que este es grande, pero podría ser mucho mayor si se generan incentivos adecuados. Existe entonces un tremendo espacio para colaborar y mejorar las capacidades de los gobiernos locales.

Recientemente, a través de un proyecto, visitamos la ciudad de Fortaleza, donde tuvimos la posibilidad de conocer un programa que lleva más de seis años funcionando y que fomenta la cooperación pública-universidades a través de un concepto conocido como “Científico jefe” en que un connotado investigador con capacidades de gestión, junto a su equipo, se hace cargo de resolver una problemática pública compleja, generando nuevo conocimiento aplicado a resolver una necesidad previamente definida por el gobierno local. El investigador obtiene a cambio una retribución económica, datos y equipamiento que se manifiesta en publicaciones y patentes. Los ciudadanos obtienen más y mejores servicios y el gobierno mayor satisfacción de sus potenciales votantes, un win-win.

Iniciativas como estas pueden tener un gran impacto en regiones que tienen un sistema universitario más avanzado, como es el caso del Biobío, y donde con los mecanismos de incentivos adecuados se podrían direccionar las capacidades de las universidades en temas tan complejos como energía, escasez hídrica, seguridad alimentaria, emprendimiento, innovación, seguridad ciudadana, evaluación de impacto, competitividad y muchos otros, de manera que su accionar tenga un impacto inmediato y cercano sobre las regiones en que estas universidades se encuentran insertas. El generar una gobernanza que posibilite este tipo de acciones puede ser la llave maestra para que las regiones aprovechen el proceso de descentralización que se avecina.