El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 deja sin financiamiento las Becas TIC, conocidas como «Yo Elijo Mi PC». Tras 17 años, el programa entregó solo en 2026 más de 96 mil computadores a estudiantes de séptimo básico, principalmente de establecimientos públicos. El Gobierno argumenta que está mal evaluado y que no muestra efectos relevantes en los aprendizajes. La crítica merece atención; la conclusión, en cambio, merece debate.
La evidencia internacional es consistente: entregar dispositivos, por sí solo, no mejora los resultados de aprendizaje. Pero esa misma investigación muestra que el problema no es la tecnología, sino su integración: el impacto depende de la formación docente, del acompañamiento pedagógico, de la conectividad y de contenidos pertinentes. Si el programa no rindió lo esperado, la respuesta coherente con la evidencia es rediseñarlo, no eliminarlo sin un reemplazo.
Porque la brecha digital no desaparece con el programa. Para miles de hogares, ese notebook es el único computador disponible. Lo que se pone en riesgo es el acceso: la primera brecha. Y sin acceso no hay forma de abordar la segunda, los usos, ni la tercera, los beneficios que cada estudiante obtiene de la tecnología.
El momento agrava la decisión. La inteligencia artificial generativa está transformando la forma en que se produce y se evalúa el conocimiento. Los estudiantes con recursos accederán a estas herramientas en sus casas; los demás dependerán de su celular o de la escuela. Retirar el apoyo justo cuando la alfabetización en IA se vuelve una competencia ciudadana básica es apostar por una desigualdad que después costará más revertir.
El recorte no es aislado. El mismo proyecto reduce en 55,2% el Fondo de Reactivación Educativa, en casi 18% la evaluación del desempeño docente, en 25,2% el fomento a la investigación y en más de 12% los aportes basales a las universidades. Además, condiciona las evaluaciones nacionales e internacionales a la disponibilidad presupuestaria. En conjunto, se debilitan tres pilares de cualquier política de innovación educativa: el acceso de los estudiantes, la capacidad de los docentes y la producción de evidencia para decidir. Es paradójico eliminar programas por falta de evidencia y, al mismo tiempo, recortar los recursos que permiten generarla.
Priorizar la educación inicial, como plantea el Gobierno, es una decisión defendible. Pero la disciplina fiscal no debería traducirse en vacíos de política pública. La discusión parlamentaria, que la ministra Arzola ha dicho estar dispuesta a abrir, es una oportunidad para transformar el programa en una política de inclusión digital con objetivos pedagógicos claros: dispositivos con conectividad, formación docente en competencias digitales e IA, recursos educativos y una evaluación de impacto independiente desde el diseño.
Apagar el computador puede ahorrar recursos en 2027. Pero los costos de una generación con menos oportunidades digitales llegarán después y los pagarán, como siempre, quienes tienen menos.