El nuevo capítulo del podcast Ciencia Inesperada, ya disponible en Spotify y YouTube, tiene como invitado al Christian Scheechler, abogado, doctor en Derecho y director de Postgrado de la Facultad de Derecho de la UCSC, quien analiza cómo el derecho penal enfrenta los desafíos que imponen las nuevas tecnologías, la evolución de la criminalidad y las crecientes demandas de seguridad de la sociedad.
La tecnología ha transformado la manera en que nos comunicamos, trabajamos y nos relacionamos. Pero también ha abierto nuevos espacios para la comisión de delitos y ha obligado al derecho penal a evolucionar a un ritmo cada vez más acelerado. ¿Cómo responder a estos cambios sin poner en riesgo las garantías fundamentales de las personas? Esa es una de las principales interrogantes que aborda el nuevo capítulo de Ciencia Inesperada, protagonizado por el Dr. Christian Scheechler.
Abogado, doctor en Derecho y director de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), Scheechler ha desarrollado una sólida trayectoria académica e investigativa en materias de derecho penal, delitos informáticos, criminalidad organizada y nuevas formas de delincuencia. Sus investigaciones analizan cómo los cambios tecnológicos están transformando los desafíos que enfrentan los sistemas jurídicos y la necesidad de construir respuestas que sean eficaces, pero también respetuosas del Estado de Derecho.
La conversación también profundiza en la evolución del sistema penal chileno y en el equilibrio que debe existir entre la protección de los derechos de las personas y la persecución del delito. En ese contexto, Scheechler explica el origen del actual modelo procesal penal y el rol que cumplen las leyes como marco para la actuación de los tribunales. “Entonces llegó este nuevo sistema, que buscaba respetar las garantías del ciudadano y por eso se le ha calificado como garantista. Sin embargo, hay dos cuestiones que son fundamentales. Primero, es el legislador quien provee a los tribunales del marco normativo con el que deben actuar: las leyes, los decretos y la propia Constitución. Y el juez tiene que hacer lo que puede con las herramientas que ese marco jurídico le entrega”, comenta.
El académico advierte, además, que el sistema penal no solo responde a criterios jurídicos, sino también a las presiones sociales y políticas que surgen en torno a la seguridad pública, lo que puede influir directamente en la calidad de las leyes que se aprueban. “Pero, además, hoy tenemos un sistema muy permeable a los cambios y a las demandas sociales. Una de las principales demandas, tanto en Chile como en gran parte del mundo occidental, es la seguridad. ¿Qué pide la ciudadanía? Seguridad. ¿Cuál es uno de los temas centrales de las campañas presidenciales? La seguridad. Frente a esa demanda, el legislador, con independencia de su color político, muchas veces actúa siguiendo las lógicas del mercado electoral: si la ciudadanía demanda seguridad, entonces ofrece seguridad, porque eso aumenta las posibilidades de obtener votos. En consecuencia, deja de preocuparse tanto por construir una buena legislación y pasa a legislar para las redes sociales o para la galería, pensando en qué le dará mayor aprobación en las encuestas o más seguidores en sus plataformas”, agrega.
A lo largo del episodio también se reflexiona sobre el desafío que representa regular fenómenos tan dinámicos como los delitos informáticos, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. El investigador plantea que el derecho debe evolucionar junto con la sociedad, pero sin renunciar a los principios que protegen los derechos de las personas. “En el derecho penal conviven permanentemente dos principios que están en tensión. Por una parte, está la evolución social, que responde al principio de realidad: el derecho debe ser capaz de adaptarse a los cambios de la sociedad, especialmente en ámbitos como la tecnología, donde las transformaciones ocurren a gran velocidad. Pero, al mismo tiempo, cuando el Estado ejerce el ius puniendi, es decir, su facultad exclusiva para imponer sanciones penales, debe hacerlo dentro de un marco que resguarde las garantías de las personas. El Estado podría avanzar más rápido, pero no basta con actuar con rapidez: también tiene que hacerlo bien, porque si no respeta esas garantías, quienes terminamos pagando ese costo somos todos nosotros”, afirma.
Durante la conversación también se analizan los principales cambios introducidos por la nueva legislación sobre delitos informáticos, el impacto que tienen las organizaciones criminales transnacionales en el escenario jurídico actual y la importancia de formar profesionales capaces de comprender un fenómeno delictual que evoluciona al mismo ritmo que la tecnología.
Ciencia Inesperada es una iniciativa de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad Católica de la Santísima Concepción junto a la Dirección de Comunicaciones, que acerca el conocimiento científico y académico a la ciudadanía mediante conversaciones con investigadoras e investigadores que desarrollan conocimiento desde la Región del Biobío para Chile y el mundo. Los capítulos están disponibles en Spotify y YouTube.
