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La sobrecarga invisible: género y cuidado en contextos de emergencia
Las emergencias socioambientales, como los incendios forestales que han afectado a distintos territorios del país, no solo arrasan con vidas, viviendas y ecosistemas. También impactan de manera profunda y desigual la salud mental de las personas y comunidades. Sin embargo, esta dimensión suele quedar relegada a un segundo plano en la respuesta pública, y aún más invisibilizadas permanecen las desigualdades de género que se profundizan en estos contextos.
En situaciones de crisis, las mujeres y personas cuidadoras enfrentan una sobrecarga física, emocional y mental desproporcionada. A la pérdida material y al duelo se suman las tareas intensificadas de cuidado: atención de infancias, personas mayores o enfermas, contención emocional del entorno y reorganización de la vida familiar y comunitaria. Todo esto ocurre, muchas veces, en condiciones de escaso apoyo institucional y bajo fuertes mandatos de género que naturalizan la postergación de las propias necesidades.
Desde una perspectiva de salud mental comunitaria, es fundamental comprender que el cansancio, la irritabilidad, el desborde emocional o las alteraciones del sueño no son signos de debilidad, sino respuestas esperables frente a escenarios extremos y sostenidos de estrés. Psicologizar el malestar o responsabilizar a las personas por su capacidad de “resiliencia” solo profundiza la carga emocional y la sensación de culpa, especialmente en quienes cuidan.
En este contexto, hablar de autocuidado exige, una mirada realista y colectiva. No se trata de promover ideales inalcanzables de bienestar, sino de resguardar condiciones mínimas: descanso, alimentación, regulación emocional básica y, sobre todo, la posibilidad de distribuir las tareas de cuidado. El cuidado colectivo, las redes comunitarias y la corresponsabilidad no son gestos solidarios secundarios, sino estrategias centrales de reparación psicosocial.
Incorporar la perspectiva de género en la gestión de emergencias es una cuestión de justicia social y de salud pública. Implica reconocer desigualdades estructurales, fortalecer redes de apoyo y garantizar el acceso oportuno a redes de contención y acompañamiento en salud mental. Solo así será posible avanzar hacia respuestas más humanas, integrales y sostenibles, que cuiden no solo los territorios, sino también a quienes los habitan y sostienen.