En medio de un escenario de creciente incertidumbre sobre el futuro de la capacitación laboral, expertos de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) analizan los desafíos y oportunidades que enfrenta el sistema ante el eventual término de la franquicia tributaria.
En el marco del proyecto de ley de “Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social”, el Gobierno de Chile ha propuesto eliminar la Franquicia Tributaria, actualmente administrado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), con el objetivo de generar un ahorro fiscal estimado en US$ 300 millones anuales. La medida ha generado inquietud en distintos actores del mundo formativo, incluyendo instituciones académicas, Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) y Organismos Técnicos Intermedios para Capacitación (OTIC), quienes advierten posibles efectos en el acceso, cobertura y financiamiento de programas de formación laboral.
La Franquicia Tributaria es un incentivo del SENCE que permite a empresas de primera categoría descontar de su impuesto a la renta hasta el 1% de su planilla anual de remuneraciones, destinado a financiar la capacitación, evaluación y certificación de competencias laborales de sus trabajadores, extrabajadores y potenciales trabajadores. Desde su aplicación en 1976, este recurso ha buscado capacitar a los trabajadores a un bajo costo por parte de la empresa, aumentando la competencia y productividad.
Para el director de Departamento de Auditoria y Sistemas de Información de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UCSC, Sergio Fernández, la franquicia tributaria ha sido un instrumento clave para expandir la capacitación laboral en Chile, incentivando la participación de las empresas y ampliando la cobertura.
“El eventual término de la franquicia tributaria podría generar efectos diferenciados en trabajadores y empleadores. En el corto plazo, es probable una disminución en la cantidad de capacitaciones, especialmente en aquellas empresas que dependen del incentivo para financiar formación. Esto afectaría particularmente a trabajadores de menor calificación, quienes suelen acceder a capacitación a través de estos mecanismos”, analizó el experto en Gestión Tributaria y Financiera.
En cuanto a los empleadores, remarcó que el impacto dependerá del tamaño y estrategia de cada empresa: “Las grandes corporaciones probablemente mantendrán programas formativos, aunque más selectivos y alineados a objetivos estratégicos. En cambio, muchas pymes podrían reducir significativamente su inversión en capacitación, profundizando brechas existentes. En general, el principal riesgo es una contracción de la oferta formativa, al menos en el corto plazo, junto con un aumento de desigualdades en el acceso a opciones para capacitarse”.
Respecto al fin de la capacitación laboral, el académico UCSC fue claro: “El término de la franquicia tributaria no implica, necesariamente, el fin de la capacitación laboral en Chile. Lo que sí marca es el posible cierre de una etapa y la necesidad de transitar hacia un nuevo modelo. El escenario es desafiante, ya que implica evitar una caída en la cobertura de capacitación y asegurar que los trabajadores más vulnerables no queden excluidos del sistema, superando la lógica basada en incentivos tributarios a uno orientado por resultados”.
Si bien las consecuencias de un eventual término de la franquicia tributaria dependerán del modelo que la reemplace, los principales efectos podrían evidenciarse inicialmente en la cobertura y acceso a oportunidades de formación. Así lo plantea también el director de Formación Continua y Servicios de la UCSC, Ricardo Pezo: “El término de la franquicia tributaria SENCE podría generar el cierre de una parte importante de la oferta actual de capacitación, especialmente entre OTEC más pequeñas cuya sostenibilidad depende de este mecanismo. Sin embargo, instituciones con mayor especialización o con plataformas formativas más robustas, como algunas universidades, podrían adaptarse de mejor manera a este nuevo escenario”, señaló.
Respecto a los desafíos que implicaría este cambio, el director sostuvo que “el gran desafío será mantener programas de formación pertinentes sin el apoyo de la franquicia tributaria. Existen áreas donde la demanda seguirá siendo indispensable, especialmente en cursos técnicos habilitantes y en formación ligada a seguridad y salud ocupacional, ya que responden a exigencias propias de la industria y la normativa laboral”.
En este sentido, el experto en formación continua explicó que la incorporación constante de nuevas tecnologías y procesos digitales obliga tanto a trabajadores y empleadores como al propio Estado a mantener una oferta formativa actualizada y alineada con las necesidades del mercado. Por ello, el fin de la capacitación laboral no sería un escenario viable, aunque sí podría marcar una transformación profunda en la forma en que se financia, regula y desarrolla este sistema en Chile.
“El organismo responsable debe velar por una institucionalidad más robusta, con un rol más fiscalizador que asegure que los distintos actores desarrollen cursos bajo estándares de calidad exigentes. En términos generales, se espera avanzar hacia un modelo mucho más selectivo en competencias laborales, pero que también logre ampliar la cobertura para personas que hoy buscan empleo, especialmente jóvenes y mujeres, considerando las altas tasas de desempleo que existen actualmente”, concluyó.
Cabe destacar que la reforma continúa en discusión legislativa. Recientemente, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó los artículos 26 y 27 del proyecto, que proponían eliminar la franquicia tributaria SENCE y el financiamiento para la certificación de competencias laborales mediante este mecanismo. No obstante, la iniciativa aún debe continuar su tramitación en las siguientes instancias legislativas.