Facultad de Derecho inicia nueva versión de Clínicas Jurídicas

Con la apertura anual de las tradicionales Clínicas Jurídicas, la Facultad de Derecho UCSC da inicio a la última etapa de los estudiantes de la carrera, cuya práctica profesional se realiza a través de asesorías y apoyo jurídico directo a la comunidad penquista. Autoridades y profesores estuvieron presentes en la ceremonia de lanzamiento de este importante hito, realizado en el Auditorio del Campus Santo Domingo.

Este año, las Clínicas Jurídicas operarán en las parroquias San José y San Juan de Mata, ambas con atención los días miércoles (10.00 a 12.00 horas) y jueves (15.00 a 17.00). Los alumnos prestarán ayuda legal en áreas de familia y derecho civil, como pueden ser contratos de  arrendamiento, prescripción de derecho de aseo, o consultas en materia laboral.

“Se excluye expresamente el tema divorcios, que no tramitamos en atención a  la naturaleza propia de nuestra universidad. Partimos esta semana, primero organizando todo, revisando causas en tramitación anterior y dándole curso oficialmente al funcionamiento de las clínicas”, señaló el coordinador de práctica profesional, el académico Mauricio Ortiz.

El Decano de la Facultad de Derecho, Dr. Carlos Céspedes, invitó a los estudiantes a entregar un buen servicio con todo lo aprendido y ponerlo a disposición de quienes lo necesitan: “Tenemos que poner todo de nuestra parte para dar un atención jurídica amigable, acogedora y una defensa razonable”.

Foco migrante

Tal como años anteriores, uno de los sellos de las Clínicas Jurídicas UCSC es la atención a público migrante, que ha concitado gran interés en diferentes temáticas: ingresos irregulares, decretos de expulsión, falta de atención del sistema público respuesta a necesidades.

Uno de los factores que inciden en el creciente interés, es por la posibilidad de los extranjeros de poder contar con un abogado. Las personas que son atendidas por la UCSC tienen derecho a que la gestión de su asunto se realice mediante la utilización del denominado “Privilegio de Pobreza”, certificado que los exime de todo pago en servicios relacionados con la justicia.

“Nuestros beneficiarios son personas vulnerables del gran Concepción, para quienes la atención jurídica prestada constituye la única opción de que disponen, dado que no se encuentran en condiciones de solventar los costos de un juicio (abogado, receptor, perito, documentos, etc.) y tampoco desean concurrir a la Corporación de Asistencia Judicial, pues su contraparte está representada por ésta”, explicó Mauricio Ortiz.

Sobre el aporte a la formación de los estudiantes que implica participar de esta iniciativa, el coordinador comentó que “se logra la integración de actividades de servicio a la comunidad en el currículum académico. De este modo, los estudiantes movilizan los conocimientos jurídicos y herramientas académicas, guiados y apoyados por el docente, para afrontar una tramitación real, efectiva y responsable de las gestiones y juicios que la Facultad patrocina a través de sus consultorios jurídicos, a fin de satisfacer los requerimientos jurídicos de personas de escasos recursos económicos”.

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