Normativa y electromovilidad: el desafío de acelerar el cambio en Ñuble

Chile ha recorrido un camino significativo en materia de electromovilidad, avanzando en aspectos clave como la certificación de instalaciones de carga y la interoperabilidad de los sistemas eléctricos. Estos logros son un buen punto de partida para fortalecer un ecosistema de movilidad limpia en el país. Sin embargo, si el objetivo es acelerar la transición a la electromovilidad de manera segura, equitativa y eficiente —especialmente en regiones como Ñuble—, aún persisten brechas normativas y estratégicas que deben ser abordadas con decisión.

Hoy en día, uno de los principales desafíos no se encuentra en la regulación técnica básica, sino en la necesidad de ampliar los beneficios que esta tecnología puede entregar a la ciudadanía y a las empresas. Avanzar hacia un esquema que permita, por ejemplo, utilizar las baterías de los vehículos eléctricos para autoconsumo o inyectar energía a la red, abriría nuevas oportunidades de eficiencia energética y generación distribuida. Además, es fundamental incrementar los apoyos tributarios asociados a la electromovilidad, tomando como referencia beneficios que hoy existen para otros combustibles, como el diésel. Extender y fortalecer medidas como la exención del pago de permiso de circulación para vehículos eléctricos podría incentivar de forma más decidida la renovación del parque vehicular.

En el caso de Ñuble, más que limitaciones normativas, el desafío radica en condiciones técnicas y estructurales. El alto costo de adquisición de los vehículos eléctricos, junto a las restricciones de potencia de la red eléctrica regional —especialmente para transporte mayor— y la limitada presencia de puntos de carga en zonas urbanas y rurales, son barreras que requieren una estrategia integral. La normativa debe ir acompañada de políticas públicas que fomenten la expansión de infraestructura de carga, adaptadas a las realidades territoriales y que permitan conectar eficazmente a las distintas comunas de la Región.

Para fortalecer el marco normativo y avanzar hacia una electromovilidad segura y acelerada, se requiere implementar mecanismos de apoyo a la compra y reconversión de vehículos eléctricos, que pueden incluir exenciones tributarias, tarifas eléctricas preferenciales o programas específicos de incentivo al transporte sostenible, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, ampliar la red de puntos de carga pública mediante una estrategia nacional coordinada sería un paso concreto para eliminar una de las principales barreras de entrada para nuevos usuarios.

En el marco del proyecto FIC-R “Plan de acción para la adopción de electromovilidad en Ñuble”, financiado por el Gobierno Regional de Ñuble y ejecutado por la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), hemos constatado que el éxito de la transición hacia la electromovilidad no depende únicamente de la innovación tecnológica, sino también de la capacidad de construir un entorno normativo y estratégico que permita su masificación en todo el país. Ñuble tiene la oportunidad de liderar este proceso, pero para lograrlo, se requiere una visión que combine incentivos adecuados, fortalecimiento de la infraestructura y adaptación a las necesidades regionales. El desafío está planteado y el momento de actuar es ahora.