Acceso a la información y un justo equilibrio

En 2019, la ONU instituyó el 28 de septiembre como el Día Internacional por el Derecho de Acceso Universal a la Información, con especial foco en la divulgación de datos medioambientales, lo que significaría permitir a personas en zonas de alto riesgo tomar mejores decisiones. La misma ONU, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, consagra desde 1948 el derecho a la información, fijando los mínimos civilizatorios para el acceso, edición y emisión de información y opiniones. Esta base está adoptada en las legislaciones de los países miembros de la organización.

Esta declaración configura una ola de derechos conectados entre los que está la transparencia, concepto reciente en estos lados del mundo, pero que cuenta con sus cimientos en el temprano Imperio Chino, a través de Buró de Censura Imperial, promovido por los propios emperadores para probar su amor por la verdad. En la actualidad, el poder no reside en una autoridad unipersonal, sino que se extiende a través de mecanismos de gobernanza para equilibrar la relación entre el sector público, el sector privado y la ciudadanía… y este equilibrio requiere acceso equitativo a la información.

Volviendo a la iniciativa de la ONU, esta se da en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aportando al objetivo 16 sobre “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”, que comprende metas como garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas, y garantizar el acceso público a información. En suma: poder contar con los datos para tomar decisiones informadas y que beneficien al colectivo.

Y en el ámbito medioambiental esta información puede ser trascendental. La mantención y recuperación de ecosistemas, y las decisiones sobre proyectos que reconfiguran el entorno -inmobiliarios o industriales- requieren la participación y la opinión informada de la comunidad que, en el caso chileno, cuenta con la Ley de Transparencia y la Ley de Participación Ciudadana, que regula estos temas.

En tiempos de discusión sobre “permisología”, surge la necesidad de relevar la importancia del acceso equitativo a la información. Mauricio Merino (2005) señala que “la transparencia aparece como una estrategia organizacional que impide la apropiación privada de los espacios públicos y, por lo tanto, genera mayor exigencia sobre los funcionarios y limita los actos de corrupción”. Es decir, el equilibrio entre lo público, lo privado y la ciudadanía.