Militarización en Tacna y las señales políticas en una frontera tensionada

La reciente decisión del gobierno peruano de militarizar la frontera en Tacna no es un hecho improvisado ni una reacción meramente operativa. Se inserta en un contexto político complejo, marcado por presiones internas, crisis institucional y un escenario migratorio regional que continúa desbordando la capacidad de respuesta de los Estados. Desde mi perspectiva, esta medida debe interpretarse como una señal política antes que, como una solución de fondo, y sus implicancias para Chile y la región son significativas.

El presidente interino José Jerí enfrenta una situación de fragilidad política y social en el Perú. La migración y la seguridad se han convertido en temas especialmente sensibles, y la militarización surge como un gesto orientado a demostrar firmeza. Sin embargo, este movimiento también está influido por el clima político chileno, particularmente por la campaña presidencial y discursos que han planteado la expulsión masiva de migrantes en situación irregular. Esto genera temor en parte de la población extranjera residente en Chile, que busca opciones para abandonar el país antes de la eventual aplicación de medidas más estrictas.

La dimensión diplomática tampoco puede soslayarse. Chile y Perú llevan años bajo presión debido al intenso flujo migratorio, especialmente de ciudadanos venezolanos que han tensionado las estructuras sociales, económicas y laborales de ambos países. A ello se suma la inestabilidad política peruana, que ha dificultado la implementación sostenida de políticas migratorias, y el manejo errático de este tema en Chile durante las últimas administraciones. El resultado es un escenario donde ambos gobiernos se ven forzados a reaccionar más que a planificar, generando medidas coyunturales que no abordan el problema estructural.

Si la presencia militar peruana se mantiene o se intensifica, es probable que observemos episodios similares a los ocurridos recientemente en Chacalluta: grupos de migrantes intentando cruzar hacia el Perú, enfrentándose a barreras estrictas y quedando atrapados en una especie de “tierra de nadie”. Esta situación no solo aumenta la vulnerabilidad humanitaria de estas personas, sino que también eleva el riesgo de incidentes fronterizos y tensiones diplomáticas.

Es importante señalar que la presencia militar, tanto peruana como eventualmente chilena, no implica necesariamente un conflicto entre ambos países. No obstante, sí exige una coordinación permanente y un diálogo franco que permita descomprimir el ambiente y evitar interpretaciones hostiles. La migración es un fenómeno transnacional y, por ende, no puede abordarse de manera unilateral. Requiere políticas de Estado, cooperación binacional y mecanismos regionales de gobernanza que trasciendan las urgencias electorales.

La frontera entre Chile y Perú es hoy un reflejo de los desafíos políticos y sociales que compartimos como región. Pretender resolver esta crisis únicamente mediante dispositivos militares es desconocer su naturaleza profunda: una combinación de desigualdad, inestabilidad, desplazamiento forzado y ausencia de respuestas integrales. Mientras no avancemos hacia soluciones coordinadas y de largo plazo, seguiremos enfrentando escenarios de tensión que afectan tanto a nuestros países como a las personas que buscan, desesperadamente, un lugar donde reconstruir sus vidas.