Incentivos Tributarios a la Inversión en Investigación y Desarrollo

El 6 de marzo pasado se publicó en el Diario Oficial la Ley 20.570 que reforma nuestro sistema de Incentivos Tributarios a la Inversión en Investigación y Desarrollo (I+D), introduciendo modificaciones a la actual Ley 20.241.

La I+D es sólo el inicio de una cadena compleja integrada por varios procesos que se extienden en el tiempo, y que conducen al desarrollo de nuevos conocimientos, en forma de  productos o procesos productivos. Al introducirse esos nuevos conocimientos en los mercados, y por lo tanto en la vida social, se genera innovación. En definitiva, para que haya innovación es necesario I+D. Hace tiempo ya existe una consciencia cada vez mayor de la importancia que tiene la innovación para alcanzar mayores niveles de desarrollo económico. Así resulta ilustrativo lo señalado por el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad: “Chile se encuentra hoy en una encrucijada. En el corto plazo podrá seguir gozando de las rentas que producen los commodities ligados a los recursos naturales, pero luego, cuando tarde o temprano éstas declinen, se desacelerará en forma significativa nuestro crecimiento económico y nuestra capacidad para generar empleo y aumentar el bienestar social.

Constituyéndose la innovación en un tema recurrente, hemos podido observar un amplio consenso nacional acerca de la necesidad de tomar medidas incentivadoras, y que se resume en el lema: “innovar o estancarse”. Comúnmente se recomienda invertir mayores recursos en I+D, por tratarse del proceso origen de la innovación. Este esfuerzo se mide en porcentajes del producto interno bruto (PIB) del país destinados a tales fines. En Chile, “sólo” el 0,4% del PIB se invierte en I+D. En comparación, países como Noruega y Suecia, invierten 3,4% y 3,6%, respectivamente. El gasto promedio en I+D de los países de la OCDE alcanza a 2,3% del PIB. La nueva “ley I+D” tiene por finalidad mejorar esas cifras, y promover especialmente la inversión del sector privado en I+D. En efecto, se proyecta mejorar la capacidad competitiva de las empresas chilenas al establecer un incentivo tributario para la inversión en I+D que permite rebajar, vía impuestos, un 35% de los recursos destinados a estas actividades. Las empresas podrán acceder a ese beneficio tributario, realizando simplemente I+D por cuenta propia, o celebrando un contrato con una entidad externa, acreditada como centro de investigación ante la CORFO.

Christian Schmitz Vaccaro
Abogado, Profesor de Derecho Económico
Universidad Católica de la Santísima Concepción

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