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A propósito del proyecto de aborto legal anunciado por el Ministerio de la Mujer
En una sociedad que enfrenta realidades duras, como violaciones, embarazos no deseados, pobreza, narcotráfico, violencia, delincuencia y abandono, es natural y lógico que se busquen salidas legislativas. Sin embargo, cuando las decisiones se toman solo desde el ámbito normativo, sin considerar el valor irreductible de toda vida humana ni el contexto de quienes enfrentan estos dilemas, corremos el riesgo de reducir problemas humanos profundos a simples soluciones legales.
La pregunta no es solo qué se puede hacer por ley, sino qué respuesta da una sociedad a quien está en crisis, qué redes ofrece, cómo acoge, cómo cuida. Hay decisiones que, aun legales, siguen siendo éticamente problemáticas cuando implican la interrupción de una vida que ya está en desarrollo, aunque no se quiera reconocer aún como tal. ¿Acaso no estamos llamados antropológicamente a pensar en salidas que no impliquen descartar a nadie? La vida en comunidad reclama el respeto a la dignidad humana en sí misma considerando toda su realidad integral.
En lugar de preguntarnos si corresponde o no legislar sobre, en este caso, el aborto, podríamos preguntarnos qué tipo de sociedad somos si la única respuesta frente a la vulnerabilidad es la eliminación de una vida humana. El verdadero avance sería construir alternativas de salud reproductiva y planificación familiar donde ninguna mujer deba elegir entre su vida y la de otro. Acompañamiento, salud digna, escucha y protección real: esa es una respuesta que no necesita plazo ni ideología ni doctrina, sino humanidad.