Delincuencia

De los mecheros, los lanzas, los carteristas y del ladrón ocasional, hemos pasado a delincuentes que no tienen ni ley ni Dios, que des­precian absolutamente la vida hu­mana y que son capaces de hacer cualquier cosa con tal de lograr sus objetivos, siempre vinculados al dinero y al poder.

La ciudadanía está choqueada con los cadáveres desmembrados es­parcidos por la ciudad, así como por la cada vez mayor cantidad de asaltos, de rotos a mano armada y de balaceras. El miedo abunda por doquier. Las calles están desiertas a tempranas horas de la noche pa­ra darle paso a los fuegos artificia­les y a quienes se han adueñado de los espacios que nos pertenecen a todos.

Este desolador panorama no es ais­lado: crece cada día y a gran veloci­dad. Ya hay indicios de que esta­mos frente a bandas de crimen or­ganizadas, muy poderosas, sin res­peto alguno por nada ni nadie, que se rigen por sus propias leyes, tie­nen sus propios territorios demar­cados y hacen lo que quieren con total impunidad. Hasta hace poco nos jactábamos de que esas cosas en Chile no sucedían: “éramos los ingleses de Latinoamérica”.

Creo que el gobierno debe pregun­tarse seriamente dos cosas. En pri­mer lugar si está consciente de la real dimensión del problema que nos aqueja como sociedad y en se­gundo lugar, si tiene la capacidad política, persecutoria, policial y ju­dicial para hacerle frente. Y ello de manera rápida.

Si no existe un diagnóstico certe­ro, bien fundamentado v creíble por la población, todas las medi­das que se tomen serán insuficien­tes y con resultados débiles o ine­xistentes. Y, si no es capaz de asu­mir esta situación, por falta de re­cursos, de capacidad técnica y de destrezas, es mejor que lo diga abiertamente y se deje ayudar por quienes tienen más experiencia. Eso es lo sensato. Lo que está en juego no son bienes materiales, si­no que la vida de personas que quieren vivir en paz.

Este escenario puede presentar riesgos que deben ser advertidos: por un lado, esta incertidumbre podría empujar a la población civil a tomar la justicia por sus manos. Eso sería un desastre nacional cu­yas consecuencias son difíciles de prever. Y, por otro lado, en materia política, pueden emerger figuras que proclamen la restricción de las libertades de toda persona sos­pechosa, tal como está pasando en algunos países de Centroamérica, en pos de garantizar la seguridad de la población. Aquello causaría un enorme daño a la democracia y al estado de derecho que con tanto sacrificio hemos ido construyen­do.

El gobierno tiene la misión y la obligación de generar condiciones de seguridad aceptables para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y cumplir con sus debe­res. Es una tarea insustituible, irremplazable e instransferible.

Ha llegado el momento de darle prioridad a la seguridad que de­manda la población. El horror de lo que se está viendo día a día así lo exige. Y, así como van las cosas, ca­da día será peor.