El denominado “ranking” es una bonificación por encima del puntaje de las notas de enseñanza media, que obtienen los estudiantes cuyo promedio es superior al del colegio. Mediante su incorporación como factor de selección se pretende introducir una medida de rendimiento relativo, que compense la conocida correlación que tienen las pruebas estandarizadas con características de los sujetos que ellos no eligen, como son la clase social a la que pertenecen o el lugar en que nacieron. De esta forma, la distribución de oportunidades sería más justa y se evitaría, en alguna medida, la naturalización de la transmisión de los privilegios por la vía de convertir las ventajas escolares en ventajas sociales.
Todo dispositivo de selección de personas tiene por objetivo discriminar entre ellas basándose en determinados criterios. En el caso de la selección universitaria, se espera seleccionar -con justicia- a las personas que tienen mayor probabilidad de beneficiarse de la educación universitaria. Puesto que esto es así, todo cambio en los criterios de selección producirá el clamor de los perjudicados y el silencio de los favorecidos. ¿Debemos atender a los primeros?
La introducción de cambios en las variables de sistema de selección debe evaluarse no solo en la teoría y en base a estadísticas generales, sino también respecto de la responsabilidad que tiene un sistema de selección con los individuos participantes. En ese orden de cosas, el país ya fue testigo de los problemas que se produjeron en la aplicación de la primera PSU: al cambiar la forma de cálculo de los puntajes de las pruebas de ciencias y matemática, miles de postulantes realizaron una interpretación incorrecta de sus posibilidades de ser seleccionados y dejaron de postular, con graves consecuencias para ellos. Esto está documentado, pero los responsables pasaron mutis por el foro y siguen a cargo. En ese tiempo también se argumentaban criterios de justicia social para realizar el cambio con urgencia.
En el caso del “ranking”, se ha criticado con razón que no es un ranking, sino un bono de puntaje. Luego, personas de rendimiento relativo equivalente obtendrán diferente bono, dependiendo de dónde se sitúe el promedio de sus respectivos colegios. ¿Qué diremos cuando dicha ventaja sea a favor del estudiante de Lonco, respecto del de Lota? Aun cuando las estadísticas generales nos informen que salieron favorecidos los egresados de colegios públicos, el sistema se selección debe responder ante los sujetos de carne y hueso.
Lo sensato, por tanto, es el escalamiento cuidadoso y paulatino de los cambios en sistemas de selección que tienen consecuencias sobre la vida de la gente y que exista un amplio debate académico al respecto.
La antigua Prueba de Aptitud Académica se implementó sin apresuramientos, luego de años de validaciones experimentales, tesis y estudios variados. Claramente, eran otros tiempos.
Daniel Casanova Cruz
Director de Admisión y Registro Académico
Universidad Católica de la Santísima Concepción