Un breve recorrido por la televisión, las redes sociales y los medios de comunicación, basta para observar que una parte importante del contenido presentado reúne, de forma repetitiva, una imagen negativa de la migración y, obviamente, de las personas migrantes. En esto se entremezclan, la ausencia de personas migrantes en los medios de comunicación y también una serie de mitos y fakenews en torno a este fenómeno, tanto en el ámbito nacional como internacional. Pero, resulta pertinente preguntarse: ¿Dónde están las políticas públicas de integración social en Chile?
La migración no es un fenómeno nuevo, ni en Chile ni en el mundo. De hecho, es tan antiguo como la humanidad misma. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), basados en el Censo de 2024, más de 1.6 millones de personas migrantes viven actualmente en Chile, próxima al 9% de la población total del país. En regiones del norte, como Tarapacá o Antofagasta, o en comunas como Independencia o Estación Central, el porcentaje representado es mayor. Esta realidad, sostenida a lo largo de los últimos años, requiere el avanzar en políticas públicas que promuevan una integración efectiva y mutuamente beneficiosa.
En 2021, se promulgó una nueva Ley de Migración (No. 21.325), que actualizó la legislación para tratar de ordenar el proceso migratorio; se creó el Servicio Nacional de Migraciones y se establecieron algunas restricciones, como la exigencia de visado desde el país de origen. En el escenario político nacional, la migración se ha instrumentalizado por diferentes sectores políticos, como insumo para discursos de criminalización o como chivo expiatorio. De hecho, el tema se ha vuelto impopular y no aparece en las agendas de organizaciones políticas o postulaciones presidenciales, salvo como punto de seguridad.
Estos tipos de enfoques dejan de lado el contexto de globalización, en el que se encuentran de circulación de bienes, servicios, capitales y personas, y, además, la propia naturaleza histórica de los movimientos humanos. Internacionalmente, la influencia de las agendas y noticias provenientes de Europa y Estados Unidos, ha contribuido en una mirada de securitización respecto de la migración.
El tema de fondo persiste: se hace necesario e indispensable contar con una política pública de Estado que aborde la integración, con una perspectiva de promoción de valores de respeto mutuo, convivencia, educación ciudadana, y comprensión del fenómeno migratorio, para poder resolverlo de manera conjunta y constructiva.
La integración debería estar presente en diversos niveles organizativos, abarcando los espacios municipales, regionales y nacional. Una política de integración chilena debería considerar como pilar el respeto a las personas, sin xenofobia ni discriminación étnica, para promover la convivencia sobre la base de los deberes y derechos ciudadanos, y la oportunidad de crecimiento económico y social de Chile.
La integración no es un proceso fácil ni automático, ni puede alcanzarse de forma inmediata. Se requiere de un trabajo conjunto de educación y sensibilización, tanto de los migrantes como de la sociedad chilena. No obstante, esta labor retribuirá al país con la suma de talentos, conocimientos y esfuerzos de todos los miembros de la comunidad, lo que permitirá a Chile afrontar los desafíos futuros como una nación más cohesionada.