La universidad, el Estado y lo público

Una aproximación a los contenidos del proyecto constitucional nos permite resaltar el detalle extremo que revelan algunas disposiciones. Así, por ejemplo, el artículo 135, párrafo primero, indica a la letra: “El Estado debe impulsar medidas para conservar la atmósfera y el cielo nocturno, según las necesidades territoriales”.

La exquisita minuciosidad que revela el contenido citado, se contrapone, abiertamente, con la excluyente y distorsionada manera en que se aborda un tema esencial de nuestra sociedad, como es la enseñanza nacional.

Puntualicemos que el aspecto educacional es expuesto entre los artículos permanentes números 35 al 43, y vuelve a considerarse, sutilmente, en la disposición transitoria trigésima primera.

En resumen, se establece en el articulado permanente, un Sistema Nacional de Educación que reconoce, como eje estratégico, un Sistema de Educación Pública, el cual, se dice, será laico, gratuito, contará con aportes basales del presupuesto nacional y estará compuesto por instituciones estatales, cubriendo todas las modalidades y niveles educativos.

Resulta llamativo e irreal, no incluir en el financiamiento fiscal, a la educación entregada por los colegios particulares subvencionados, que atienden a más del 55% de los niños del país y a las instituciones universitarias de servicio público, cuyo aporte social, a la vista de la ciudadanía, tuvo su última expresión en el rol que ellas jugaron para disminuir el impacto de la pandemia.

El tratamiento injusto y discriminatorio tiene una explicación ideológica, resultando obvio que se hace un paralelismo entre lo público y lo estatal (bueno), sector al que se asegura los recursos para su desenvolvimiento, contraponiéndolo con las instituciones que surgieron de iniciativas privadas (malo), que huele a lucro y abuso.

Cuando el ideologismo nubla la inteligencia y aplica marcos conceptuales que desconocen la realidad, en particular respecto a la educación universitaria, se hace imprescindible reafirmar ciertas verdades históricas, jurídicas y filosóficas, a través de los siguientes antecedentes: la Universidad es más antigua que el Estado y de la moderna división de público -privado, es abusivo por tanto, aplicarle conceptos aceptados posteriormente; desde la filosofía ilustrada, que privilegió la libertad, se constituyó entre el Estado y la sociedad civil  la esfera pública, el espacio público, donde se encuentra la cultura, las ideas, la enseñanza, la Universidad, como órganos en esencia libres, autónomos, por tanto, es imposible asimilar Estado- Universidad como una individualidad; en Chile, ya en 1879, se reconoce legitimidad a la creación de una universidad particular, ello se reafirma desde los años 20, cuando el Estado le entregó apoyo financiero a todas las universidades  que colaboraban en la patriótica empresa de elevar la cultura y formar los cuadros profesionales que el país demandaba ; finalmente, la Contraloría General de La República, desde 1953, avala la entrega de fondos fiscales a las universidades nacidas de iniciativa privada ( PUC de Chile, U. de Concepción, PUC de Valparaíso y U. Santa María), por la “utilidad pública” que prestan y siguen prestando a la sociedad.