Las universidades públicas (estatales y no estatales)

En la columna editorial “Público y privado en la educación superior”, publicada el sábado pasado, el Rector Héctor Gaete se refiere al modo en que nos definimos las instituciones que conformamos la Red de Universidades G9, como “universidades públicas no estatales”, y se pregunta por qué usar una negación, o incluso, por qué seguir un camino, a su juicio, de simulación de identidad.

Esta oportunidad nos permite reiterar nuestra visión sobre el uso de los conceptos “público”, “privado” y “estatal”, como lo hemos explicado en otras ocasiones. Partiendo de la base que coincidimos plenamente cuando señala que para alcanzar el desarrollo necesitamos de la alta calidad de todas las instituciones de educación superior en sus territorios, sin distinción de su naturaleza jurídica, sí vemos con preocupación cómo en la discusión de la reforma, se hace uso de estos conceptos.

Lo público es un adjetivo de diversas acepciones, y entre ellas podemos nombrar algunas relacionadas al tema que nos convoca: lo que afecta a los ciudadanos; que es accesible libremente o lo que está destinado a lo público. Sin embargo, en la discusión, a veces influenciada por marcos ideológicos, algunas visiones asumen lo público como si fuera un atributo exclusivo de “lo estatal”, lo que claramente, ya hemos demostrado conceptualmente y con hechos, no sucede así. Especialistas y políticos ya han reconocido lo anterior, sosteniendo que “lo público supera lo estatal” (Fulvio Rossi) o que la “universidad pública no es monopolio estatal” (José Joaquín Brunner). Continuar afirmando lo contrario, es ideologizar un debate que ya está caracterizándose en exceso por una gubernamentalización de la educación superior. Evidentemente esto causa abiertamente un daño que no se condice con la búsqueda genuina de mejoramiento del sistema de educación superior chileno.

A lo largo de la historia, las universidades públicas no estatales de la Red G9, hemos aportado, solidaria y subsidiariamente al desarrollo social, tecnológico, económico, cultural y moral de las regiones y del país. Nuestro quehacer ha obedecido a un compromiso, rol y vocación pública, entregando evidentes bienes públicos, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida y la movilidad social a través de la educación. Como UCSC asumimos esta vocación pública, formando personas con competencias socio-emocionales y éticas-valóricas; generando y transfiriendo conocimiento, en constante vinculación con el entorno.

En la discusión de los sucesivos proyectos de Reforma, que apoyamos como un vehículo para el desarrollo del país y el acceso de los jóvenes a la formación terciaria de calidad, no hemos visto plasmado un reconocimiento claro a este rol público, por el contrario, observamos elementos y tendencias que pretenden radicar la verdadera educación y valoración del aporte al desarrollo del país, única y exclusivamente en las universidades estatales. El trato preferente que el Gobierno ha impuesto a través de una ley de fortalecimiento propia y de fondos públicos garantizados, resulta discriminatorio entre las universidades del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH). Confiamos en la rigurosidad, cordura y sensatez de nuestros parlamentarios que sabrán reconocer en la diversidad de proyectos educativos, el aporte público que cada uno de ellos hace al desarrollo del país.