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Seguimos en deuda con la niñez
Cada 20 de noviembre conmemoramos el Día Mundial de la Infancia, recordando la Declaración de 1959 y la Convención de 1989, el tratado internacional más universal en materia de derechos humanos. Allí se reconoce el derecho de cada niño y niña a la vida, la salud, la educación, el juego, la vida familiar, la protección frente a la violencia y la discriminación, y a que sus opiniones sean escuchadas. Su cumplimiento no es responsabilidad exclusiva del Estado, las organizaciones sociales, empresas y medios de comunicación tienen un rol clave en su garantía y promoción, al igual que las familias y comunidades.
Diagnósticos recientes evidencian que, a pesar de los avances en políticas públicas relacionadas con el tema, Chile sigue siendo un país desigual y poco protector para niños, niñas y adolescentes. Los datos muestran un deterioro en su bienestar emocional, un aumento de la sensación de soledad y abandono y una creciente exposición a violencia sexual, física y psicológica. Se suman profundas brechas territoriales y obstáculos de acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo ante condiciones de vulnerabilidad como la migración, pertenecer a comunidad indígena o presentar discapacidad.
Son niños y niñas víctimas de un problema estructural, del neoliberalismo, de una sociedad adulto céntrica, patriarcal y centrada la producción, el consumo y el dinero como modelo de éxito. Sumemos comunidades y familias en constante multiestrés, un sistema de protección operando al límite de su capacidad y dificultades para acceder a intervenciones oportunas en el intersector y tenemos vulneraciones directas con impactos determinantes en la infancia.
Ignorar las alertas deja de ser un problema técnico y se transforma en una falta ética. Chile necesita políticas públicas preventivas, interseccionales y territorialmente pertinentes, pero también de la responsabilidad colectiva de la ciudadanía para actuar con urgencia y atrevernos a transformar el presente para mejorar el futuro. La protección de la niñez no puede depender del contexto territorial ni de la capacidad individual de cada familia para enfrentar entornos adversos.
Sólo avanzando en el ejercicio de derechos y reconocimiento de la dignidad en la niñez, podremos impulsar las transformaciones de un sistema que no está logrando garantizar condiciones mínimas para su desarrollo integral.