Toda vida importa

Ante el anuncio del Gobierno de presentar un proyecto de ley que despenaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación, se reabre un debate que, más allá de lo político, interpela la raíz de nuestra comprensión sobre la dignidad humana y el deber de protegerla en todas sus etapas.

Desde una perspectiva bioética, no hay espacio para ambigüedades: la vida humana comienza desde el momento de la concepción. Así lo ratifica la ciencia a través de disciplinas como la embriología, la genética y la biología del desarrollo, que reconocen que más allá del número de días o semanas, es un organismo humano individual, con identidad, digno por la sola pertenencia a la especie humana.

Su desarrollo es continuo, coordinado e ininterrumpido. A las pocas semanas, el embrión ya tiene corazón, cerebro, extremidades y órganos que comienzan a funcionar. A las 14 semanas, su rostro está definido, responde a estímulos y puede realizar movimientos. ¿Qué justifica que su derecho a vivir dependa de una fecha impuesta legalmente?

Así, las 14 semanas aparecen como un límite arbitrario, no hay diferencia antes o después de ellas, en términos de lo que ya es, un individuo de la especie humana. En el embarazo hay por lo tanto dos personas, madre e hijo. El niño en desarrollo no es la madre, ni tampoco le pertenece como si fuera un objeto de su propiedad, y del cual puede disponer según su voluntad.

El aborto procurado, al igual que otras acciones contrarias a la protección y cuidado de la vida humana, es parte de un proceso legislativo que supone un plano inclinado, es decir, parte por despenalizar el aborto bajo ciertas causales hasta lograr el aborto libre reconocido como un derecho. Esta figura está presente en todas las legislaciones del mundo. Una ley pro aborto evidencia contradicción, lo que constituye el delito de suprimir voluntariamente la vida de una persona (particularmente inocente e indefensa), pasa a ser exigida y transformarse en derecho.

Es necesario tener presente que la ley no cambia la naturaleza misma del acto, el cual es reconocido como intrínsecamente malo. En la lógica del más fuerte, se impone el derecho a la autonomía -exigido por la madre- por sobre el derecho a la vida del no nacido, que depende de la protección de los padres y de la sociedad. No se debe tolerar el doble estándar, es decir, la ley debe proteger los derechos de todos los ciudadanos, sin excepciones, de lo contrario la no discriminación queda sólo un eslogan de campaña. El reconocimiento de la dignidad humana es la base y medida de todo el ordenamiento jurídico, el que debe estar al servicio de su protección y promoción de toda vida humana.

Esto no implica ignorar las situaciones difíciles y dolorosas que viven muchas mujeres. La violencia sexual, la pobreza extrema, el abandono o los diagnósticos prenatales devastadores son realidades que deben ser acogidas con sensibilidad. Pero la solución nunca puede ser la eliminación del hijo.

Todas las personas, creyentes y no creyentes, se deben empeñar en construir una sociedad más justa y solidaria, donde la inclusión y no discriminación de todo miembro de la especie humana, sea la condición sine qua non. Por eso, la sociedad civil debe organizarse para acompañar a las madres, siendo ellas las que experimenten el cariño y protección de sus vidas y la vida del que llevan en su vientre.