Acoso sexual, violencia y discriminación de género en Educación Superior: Comunidad UCSC profundiza en ley que regula estas materias

El 15 de septiembre pasado entró en vigencia la Ley Nº 21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y discriminación de género en la Educación Superior. Con el objetivo de que la Comunidad UCSC conociera esta normativa, la Dirección de Apoyo a los Estudiantes realizó una jornada de socialización que permitió también saber el estado actual de la regulación institucional sobre la materia.

La actividad contó con la participación de la abogada y coordinadora del equipo jurídico del Observatorio contra el Acoso, Alejandra Brito, y de la abogada de la Secretaría General de la Universidad, Eileen Concha.

En su exposición, Alejandra Brito sostuvo que la sociedad ha construido determinadas categorías sobre la identidad de las personas y sus relaciones, dotándolas de ciertas características que deben cumplir. En ese contexto, se pueden encontrar las relaciones de género, las que, en general, son favorables a los varones y discriminatorias para las mujeres.

Asimismo, agregó que “se ha observado que, tanto docentes en ejercicio como estudiantes de Pedagogía, al igual que gran parte de la población, a menudo tienen creencias estereotipadas y expectativas diferenciadas respecto a las habilidades y potenciales áreas de desarrollo de niños y niñas, las que, con frecuencia, se traducen en un trato diferenciado en el aula”.

En cuanto a los tipos o prácticas de acoso, la profesional explicó que estos pueden ser: verbal (comentarios del cuerpo, ropa o como me ve una persona), física (tocaciones partes íntimas y no privadas del cuerpo), no verbal (miradas, sonidos o silbidos que incomodan), audiovisual (toma o envío de fotografías y/o grabaciones con contenido sexual) y chantaje.

De igual modo, indicó que la ley recientemente promulgada busca establecer ambientes seguros y libres de violencia para todas las personas relacionadas a comunidades académicas, con prescindencia de su sexo, género, identidad y orientación sexual, estableciendo obligaciones para las instituciones de educación superior como promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, así como proteger y reparar a víctimas.

Lo anterior, requiere que las instituciones desarrollen una política integral que establezca un modelo de prevención, de investigación, sanción, reparación y protección a víctimas, capacitación, formación y estrategia comunicacional, y acciones de prevención, información y sociabilización. “Esta se debe construir por medio de políticas, protocolos, planes y reglamentos elaborados, evaluados y modificados en procedimientos de carácter participativo, con paridad de género y la representación equilibrada de distintos estamentos”, explicó la abogada.

Normativa institucional

En 2018, la UCSC aprobó una Política de Convivencia y Prevención de la Violencia que promueve el respeto a la dignidad de la persona humana y el buen trato entre los miembros de la Comunidad Universitaria con el propósito de favorecer el desarrollo personal, académico y laboral de sus integrantes.

“Paralelamente, los movimientos feministas que surgieron en el país y en la Universidad traen consigo una mesa de diálogo entre las convocadas y las autoridades de la UCSC, que origina la creación de un protocolo transversal para toda la Casa de Estudios”, explicó Eileen Concha.

Este se aprueba en mayo de 2019, bajo el nombre de “Protocolo frente a denuncias de acoso sexual, violencia de género y discriminación arbitraria”, el que, junto a la creación del Comité de Género contribuyó a formalizar las estrategias y acciones para abordar las temáticas de género en la UCSC. “Fuimos una de las primeras universidades en contar con este tipo de protocolo, el que tuvo muy buena acogida dentro de la Universidad y en instituciones externas”, sostuvo la abogada.

En relación con la Ley N° 21.369, comentó que si bien se ha progresado en estas materias, la nueva normativa exige aún más. “Todo lo ya avanzado hay que estructurarlo a la nueva ley. Esto implica un trabajo en conjunto con el Mineduc, la Superintendencia de Educación Superior y el apoyo entre universidades”, afirmó la profesional.