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Confinamiento social y explotación sexual de niños y adolescentes

Por Soledad Lavín Novoa

Hoy se conmemora el Día contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (Escnna), una de las formas más graves de vulneración de los derechos de este grupo de la población, pero, a juicio de los expertos, la más invisibilizada en el país.

“El único estudio de prevalencia de la Escnna data del año 2004 y fue realizado por la Organización Internacional del Trabajo, la Universidad Arcis y el Servicio Nacional de Menores. Este reveló cifras de 3.719 niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual y comercial. La edad promedio de inicio sería 12 años y la mayor parte de las víctimas detectadas se encuentran entre los 13 y 17 años. Es necesario un estudio actualizado para la toma de decisiones relacionadas con la elaboración de políticas públicas y programas”, explica la académica de Trabajo Social de la Universidad, Verónica Gómez.

A nivel regional, la realidad es la misma, pues las cifras que se conocen son las que maneja el Ministerio Público sobre denuncias, pero de éstas sólo algunas llegan a concretarse en sanciones de muy baja pena. “Existe una lista negra de estas situaciones; sin embargo, un programa de explotación sexual de Concepción atiende anualmente alrededor de 120 víctimas en promedio”, aclara la docente.

La también coordinadora del capítulo chileno en el Observatorio Latinoamericano sobre la Trata y Tráfico de Personas (Observa la Trata) agrega que en el país, la Escnna no cuenta con una definición jurídica tipificada en nuestra legislación y que solo se penalizan algunas conductas asociadas, descritas en otros tipos penales como abuso, violación, obtención de servicios sexuales con menores de edad; producción, adquisición, almacenamiento o difusión de pornografía infantil, o la trata de personas “invisibilizándose las particularidades de este tipo de explotación”.

Aislamiento social y Escnna

Durante la cuarentena, se ha observado una mayor visibilidad del fenómeno, así como de redes organizadas de Escnna, sobre todo, en espacios virtuales. “De este modo, encontramos a adultos que, a través del engaño, acceden, facilitan y distribuyen imágenes de violencia sexual hacia niños y niñas. En Chile también existe un vacío legal respecto a este delito en internet”, agrega Gómez.

Por otro lado,  las personas menores de edad, como nativos digitales, permanecen más tiempo frente a las pantallas, con menos supervisión de los adultos quienes, en la mayoría de los casos, carecen de educación virtual y de control de las plataformas digitales.

Para la académica, el contexto de pandemia ha traído una condición de vulnerabilidad, ya que la explotación sexual se puede ver facilitada por la insatisfacción de necesidades básicas, la pobreza y la exclusión. “El riesgo de normalizar o justificar las dinámicas abusivas como el padrinazgo es alto. Es decir, la inseguridad económica expone a los niños y niñas”, sostiene.

Medidas de resguardo

En 2017, la Unicef definió tres situaciones de riesgo relacionados con este tipo de delito: riesgos asociados a contenidos como imágenes abusivas o pornografía; riesgos asociados a contactos con agresores y riesgos asociados a conductas, es decir, a entregar información o imágenes.

Conscientes de la gran cantidad de tiempo que los niños, niñas y adolescentes pasan navegando en internet, con el riesgo que esto implica y el poco control que ejercen los adultos, para la académica se hace imprescindible tomar medidas que contribuyan al resguardo de los menores.

“Podemos activar filtros, tapar cámaras, limitar accesos, pero lo más importante es educar a nuestros hijos en la existencia de esta realidad y conversar claramente qué hacer cuando se ven expuestos a estas situaciones. El año pasado, la Interpol advirtió de 1, 5 millones de sitios con imágenes y videos de violencia sexual contra niños y niñas circulando en la red, por lo que se debe denunciar a la Policía de Investigaciones”, sostiene.

Desafíos en el área

Para la docente, lo antes expuesto da muestra de que, a nivel país, existen aún muchos desafíos que afrontar, relacionados con esta temática. En primer lugar, adecuar la legislación para que esta facilite tanto la protección de las víctimas como los procedimientos investigativos y la sanción penal de estos crímenes.

Por otro lado, capacitar y sensibilizar a los profesionales que están en contacto con la población de menos de 18 años, para que puedan comprender y abordar de manera eficiente el fenómeno sin revictimizar.

Asimismo, trabajar en redes de protección y colaboración con aportes públicos y privados. “En la mesa contra la Escnna de la Región del Bío Bío hemos tenido avances significativos gracias a esta figura”, comenta la docente.

A ello agrega la generación de políticas públicas y programas especializados, de alto nivel, con financiamiento estable para las organizaciones que llevan muchos años de experiencia en la temática.

“Finalmente, avanzar en el cambio cultural, desnaturalizando las relaciones de poder patriarcales, de género y adulto centristas, así como generar menor tolerancia social frente a la Escnna. Somos todos y todas responsables por el daño profundo producido a miles de niños y niñas al exponerlos a esta forma de violencia y vulneración, y al no sancionar duramente este atroz delito”, concluye la trabajadora social.