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Prosecretaria General: “Se ha dado un diálogo muy positivo en la socialización de la nueva ley 21.369”

El 15 de septiembre de este año, las universidades chilenas deben implementar modelos en el contexto de la Ley N°21.369 que regula el Acoso Sexual, la Violencia y Discriminación de Género en el Ámbito de la Educación Superior. A pesar de los plazos acotados, esto ha sido asumido por la UCSC como un importante desafío. La Prosecretaria General, Lorena Ruiz, ha estado involucrada junto al equipo de abogados y técnicos de esta unidad, y con la Prorrectoría, en el trabajo para implementar todos los requisitos, lo que se ve apoyado también por los avances que ha logrado la institución en materia de género y protocolos relacionados.

Esta Ley señala fundamentalmente la creación de una política integral de género. Como detalla la autoridad, esta debe contener una serie de requisitos y básicamente, dos modelos: un modelo de prevención del acoso sexual, violencia y discriminación de género en contextos de Educación Superior, y un modelo de investigación y sanción. Estos modelos deben considerar la participación paritaria de todos los estamentos de la Comunidad Universitaria, con unidades nuevas, autonomía, e independencia económica.

Al ser consultada sobre cómo ha sido recibida la Ley en el contexto universitario, Lorena Ruiz recalca que la implementación constituye un gran desafío para todas las universidades. «A nivel jurídico significa una serie de cambios que han provocado que algunas universidades cuestionen la constitucionalidad de la ley, porque la sanción de no cumplir con esta Ley al 15 de septiembre de este año -plazo acotado para todo lo que hay que hacer e invertir-, es la no acreditación. Aparece una razón de ser que no estaba considerada inicialmente en los criterios de la calidad y parámetros de la CNA: debemos tener esta política de género implementada. Desde el punto de vista económico también es complejo, porque esto se traduce en una gran inversión».

Esta Ley busca proveer en la Universidad ambientes seguros y libres de acoso, lo que implica que la infraestructura debe ser la adecuada como, por ejemplo, en aquellos espacios donde no hay luminarias, o no hay cámaras, o puertas de oficinas que no tienen visibilidad hacia el interior. «Todo ello debe ser evaluado, y deben establecerse también apoyos para prevenir y después, cuando alguien ha sido sancionado, apoyos en lo psicológico, social, y jurídico a las víctimas. Hay que incurrir en contrataciones de especialistas en estas materias como Derechos Humanos, género, paridad, etc», detalla la Prosecretaria General.

Ver aquí la entrevista completa y video en la Revista +UCSC